El oro que alimenta los mercados internacionales esconde una cadena de minería ilegal, explotación humana y devastación ambiental. En esta columna, Pablo Zeballos advierte sobre las redes que conectan la Amazonía con Chile, utilizado como plataforma para blanquear y exportar oro de origen clandestino, y plantea una pregunta clave: ¿quién controla la procedencia del metal que sale del país?

Tengo el privilegio de trabajar desde hace años con Douglas Farah. A comienzos de los 2000, cuando era periodista y corresponsal, investigó en África Occidental la historia que después se convirtió en su libro “Blood From Stones”. Documentó la ruta de los diamantes extraídos en territorios en guerra, controlados por grupos armados y redes clandestinas, hasta encontrarlos convertidos en mercancía muy lejos del lugar donde se había producido la violencia.

Durante mucho tiempo asociamos esa historia con África, sin embargo en nuestras investigaciones de campo en América Latina hemos empezado a encontrar una lógica parecida. Esta vez no son diamantes, es oro. Y parte de esa cadena pasa por Chile.

En nuestro trabajo hemos visto lo que ocurre alrededor de algunos territorios donde se extrae. Hay comunidades presionadas para abandonar lugares que habitaron por generaciones. Hay ríos contaminados por mercurio y amenazas a quienes se atreven a oponerse. Hay pueblos indígenas que conviven con una economía instalada sobre sus tierras y cuyas ganancias no ven. Junto a los enclaves mineros llegan también quienes viven del dinero de la extracción: comerciantes, transportistas, prestamistas, operadores criminales y personas dispuestas a vender cualquier servicio a quien pueda pagarlo.

Con ellos llega la explotación. En La Pampa, en Madre de Dios, fiscales y policías peruanos han rescatado adolescentes de prostíbulos instalados junto a los campamentos mineros. Personas que protegen a niños en otras zonas auríferas de la región me han dicho que las víctimas son cada vez más jóvenes. Donde se juntan muchos hombres con dinero y poca ley, alguien convierte la vulnerabilidad de otros en negocio. Un negocio terrible y rentable.

Madre de Dios es el caso más estudiado, pero Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia tienen sus propias versiones. El oro tiene además una ventaja para estas economías: el producto que llega al mercado es legal. Puede fundirse, mezclarse con metal de otro origen y circular con documentos que dificultan seguir su procedencia. Las excavadoras dejan cicatrices que se ven desde el aire. Lo que pasa con el metal después ocurre lejos y casi no se ve.

En la Amazonía he estado en lugares donde parece imposible que llegue con regularidad un médico, un profesor o el Estado. Sin embargo, alguien logró llevar una retroexcavadora nueva, instaló una draga, trajo internet y puso a disposición de la operación otros servicios, legales e ilegales. En comunidades donde conseguir combustible para un generador es un problema diario, las dragas reciben miles de litros para seguir trabajando.

Una retroexcavadora no aparece sola en medio de la selva. Alguien la compró, alguien financió la operación y alguien la transportó. Necesita combustible, repuestos y mecánicos durante meses o años. En Bolivia se han documentado operaciones auríferas en las que inversionistas chinos y colombianos participan mediante acuerdos con cooperativas o actores locales, aportando capital y maquinaria. Después vienen los compradores y los intermediarios, y el metal sigue su camino hacia los mercados internacionales.

El negocio creció con el precio. En el año 2000 una onza troy de oro, poco más de 31 gramos, valía en promedio unos 280 dólares. En enero de este año superó los 5.400, casi veinte veces más. Hoy un solo gramo, lo que pesa un clip, vale cerca de 140 dólares. Con cada alza se vuelve rentable remover un río que antes no valía la pena, y llegan más máquinas, más dinero y más gente dispuesta a proteger el negocio o generar negocios paralelos.

Eso no significa que quien lo extrae reciba esa cantidad. En 2024, un trabajador de una draga en sellado boliviano del río Madre de Dios, recibía el 3% del oro que sacaba. Con el precio de entonces, extraer diez gramos podía dejarle unos 17 dólares por jornada. Para una familia que necesita ingresos inmediatos, ese dinero puede hacer atractiva la minería frente a otras actividades de las que ha vivido, como la pesca o la agricultura, incluso si el trabajo es riesgoso y la mayor parte del valor queda en otras manos.

La política también se acomodó. En Perú, el Registro Integral de Formalización Minera, el Reinfo, nació en diciembre de 2016 como un mecanismo temporal: los pequeños mineros y los artesanales tenían tres años para formalizarse, con la posibilidad de seguir trabajando durante ese proceso bajo determinadas condiciones. Desde entonces se ha prorrogado cinco veces. La última extensión vence el 31 de diciembre de este año.

Según el Colectivo País Seguro, en diez años solo el 2,6% de los inscritos completó el proceso. Mientras un minero figura en el registro, perseguirlo por minería ilegal se vuelve muy difícil, aunque trabaje sin permisos y con mercurio. Por eso el registro vale tanto, y por eso hay quienes pagan para mantenerlo abierto. Periodistas peruanos cruzaron los aportes de campaña declarados ante la autoridad electoral con el padrón del Reinfo y encontraron 28 candidatos al Congreso financiados por mineros inscritos. Cuatro llegaron al Parlamento y votaron a favor de las prórrogas.

En el último debate, el Congreso rechazó además prohibir el mercurio en la minería informal. Cuando la prensa reveló que dirigentes mineros se habían afiliado a un partido con bancada en el Congreso, un parlamentario de ese partido respondió que el presidente de la principal confederación de mineros informales milita en otro. Es la lógica del empate: si todos tienen a alguien, nadie responde. La zona gris deja de ser una etapa y se convierte en el modelo.

Esos dirigentes venían de Pataz, en la sierra de La Libertad, y Pataz muestra lo que ocurre cuando ese modelo se instala en un territorio. Allí opera Poderosa, una de las mayores productoras de oro del Perú, y desde 2020 mineros ilegales ocupan parte de sus concesiones. En abril de 2025, un grupo armado secuestró a trece trabajadores de seguridad de una contratista dentro de esa concesión. Los encontraron una semana después, asesinados en un socavón. La provincia llevaba más de un año en estado de emergencia. La provincia llevaba más de un año en estado de emergencia. Para entonces, según Poderosa, los ataques habían dejado 39 muertos entre trabajadores y personas vinculadas a su actividad.

La empresa culpa directamente al Reinfo y sostiene que los mineros ilegales lo utilizan como escudo. Es la acusación de una parte interesada, pero coincide con las advertencias de investigadores y especialistas que han seguido el uso del registro y los problemas para controlar el origen del mineral. En partes de Pataz, el Estado hace tiempo dejó de ser el único que decide sobre el territorio.

Pero el oro de Pataz no se queda en Pataz. Poderosa ha denunciado que mineral extraído clandestinamente sale de la zona y llega a plantas de procesamiento formales. Desde ahí, cada eslabón aleja un poco más el metal del socavón donde aparecieron los trece cuerpos. Eso me devuelve al trabajo de Douglas. En estas economías, el personaje más difícil de encontrar no suele estar junto a la mina. Está varios eslabones más adelante, cuando lo ocurrido en el territorio ya desapareció de la mercancía. Entre quien saca el oro y quien lo compra al final caben suficientes intermediarios, sociedades, documentos y fronteras para que el comprador sea invisible o pueda decir que no sabía. Ese es uno de los trabajos que hace el blanqueo: borrar el origen.

Chile está dentro de esta historia. En 2014, Aduanas incautó 48 kilos de oro en el aeropuerto de Chacalluta, en Arica, y las sospechas apuntaron a Madre de Dios. En octubre de 2021, la Fiscalía, Aduanas y la PDI detuvieron a 35 integrantes del llamado Clan del Oro. Entre 2018 y 2021, esa red había exportado unos 600 kilos de oro amazónico, valorados en más de 23 millones de dólares, hacia Emiratos Árabes Unidos y Suiza. El metal entraba por pasos no habilitados y salía como exportación chilena.

Por eso una mina ilegal a miles de kilómetros de Santiago puede tener parte de su cadena funcionando aquí. Necesita una empresa formal, una factura, una exportación, alguien que compre y alguien que certifique un origen. Un envío con papeles chilenos despierta pocas sospechas en los mercados, y nuestra frontera norte es larga y difícil de controlar. El metal viaja mejor que su historia.

En varias zonas fronterizas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, distintas economías ilegales conviven en un mismo territorio. Las rutas utilizadas para transportar combustible, personas o maquinaria pueden servir también para mover drogas y otros productos, aunque quienes participan en cada negocio no sean necesariamente los mismos. En algunos lugares existen acuerdos entre actores que controlan distintas actividades; en otros, compiten o se limitan a compartir los caminos y servicios disponibles. También hay grupos armados que cobran por permitir la explotación o el tránsito de mercancías. Las relaciones cambian de un territorio a otro, pero la presencia de varias economías genera oportunidades para quienes pueden controlar los accesos y ejercer violencia.

En el río Nanay, en Loreto, del que bebe más de medio millón de personas en Iquitos, la policía peruana intervino un prostíbulo que funcionaba en una embarcación. Adentro había niñas menores de edad en condiciones de semiesclavitud. Los clientes pagaban con pepitas de oro. Los tres detenidos estaban vinculados a minería ilegal, trata de personas y tráfico de drogas. A un niño que carga sacos en una poza le pueden pagar la jornada en pasta base. Las amenazas llegan juntas y cada una alimenta a la otra.

El daño ambiental es la huella más visible, pero no la única. Las comunidades reciben muy poco del valor del oro y pagan buena parte de sus costos, y el más duradero es el mercurio. Los mineros lo usan porque atrapa las partículas finas de oro mezcladas en el barro y forma una pasta. Después queman esa pasta para que el mercurio se evapore y quede el oro. El vapor lo respiran quienes trabajan y viven cerca. Lo que cae al agua lo transforman las bacterias en metilmercurio, una forma que se acumula en los peces y sube por la cadena alimentaria hasta quien los come. Daña el sistema nervioso y los riñones, atraviesa la placenta y afecta el desarrollo de niños que todavía no han nacido. Una vez en el río, se queda en los sedimentos por décadas. Según el Centro de Documentación e Información Bolivia, el país llegó a ser el segundo importador de mercurio del mundo. Un estudio de 2021 midió el mercurio en el cabello de mujeres de la etnia esse ejja, un pueblo pescador del río Beni que no participa en la minería. El 93,7% superaba el límite de referencia de la agencia ambiental estadounidense. Son personas que nunca han tenido un lingote en la mano y que llevan sus consecuencias en el cuerpo.

Seguir el metal obliga a reconstruir hacia atrás un circuito hecho para alejarse del origen. También obliga a hacer preguntas que molestan a gente con mucho dinero y capacidad de ejercer violencia. Douglas lo aprendió hace más de veinte años: las amenazas por sus investigaciones lo obligaron a salir de África Occidental con su familia. En América Latina, periodistas, defensores ambientales e investigadores que siguen la minería ilegal han sido amenazados, golpeados y perseguidos. Algunos han sido asesinados. El periodista colombiano Rafael Moreno investigaba corrupción, estructuras criminales y minería ilegal en Córdoba. Había recibido numerosas amenazas antes de que lo mataran en 2022. En Perú, Manuel Calloquispe lleva años investigando Madre de Dios. Lo han amenazado y agredido, y quienes buscan intimidarlo han llegado hasta su casa.

Cuando alguien está dispuesto a matar para que no se pregunte de dónde sale un recurso o quién gana con él, esa pregunta merece todavía más atención. En nuestro país también corresponde hacerla. ¿Quién revisa hoy en Chile el origen del oro que sale por nuestros puertos y aeropuertos, y con qué herramientas?. El Clan del Oro operó al menos tres años antes de caer.

Hoy un gramo de oro puede salir de un río amazónico, pasar por una organización criminal, un intermediario y una empresa, cruzar varias fronteras, fundirse, recibir papeles nuevos y terminar convertido en una joya sin ninguna señal de lo que ocurrió antes.

Quien la compre no verá el río contaminado ni conocerá a la comunidad que tuvo que irse. No sabrá del comerciante que paga cada semana para que no le quemen el local. Tampoco de los hombres armados que alguien contrató para cuidar las dragas y que después empezaron a cobrar por todo lo demás. No sabrá de la adolescente explotada junto a un campamento, de la mujer violada en un camino que nadie patrulla, ni del niño que a los doce años ya carga sacos en una poza por pasta base. Tampoco del minero que se gasta en alcohol y droga lo que cobra, en el mismo campamento donde le pagan. No conocerá a la madre esse ejja con mercurio en el cuerpo, ni al funcionario que firmó una guía de tránsito o un certificado de origen a cambio de su parte. Menos aún al periodista amenazado por preguntar quién financiaba las máquinas. Y no sabrá que a pocos kilómetros de la mina hay una fosa donde terminaron, sin nombre, los que se negaron a irse.