Imposible no estar de acuerdo con el director del INDH cuando sostiene que la defensa de los derechos humanos constituye uno de los principales límites al ejercicio del poder. ¿El problema? El director invoca el argumento para rechazar el proyecto del Ejecutivo y no para comunicar con claridad que la reforma va en la dirección correcta. Este, a mi juicio, es un error por partida doble.

En primer lugar, digamos las cosas como son: el INDH necesita un rediseño técnico, pero ese no es el corazón de lo que se discute. El sentido profundo del debate es si Chile tiene la madurez política para contar con un organismo que promueva la defensa de los derechos de las personas con sentido institucional. Ese es el real significado de promover una “separación efectiva entre gestión administrativa y conducción institucional” que incluso los objetores de este proyecto dicen apoyar.

En ese contexto, es innegable que el gobierno no sucumbe a las voces que piden el cierre del INDH, sino que ofrece una propuesta concreta para hacerlo políticamente viable. El proyecto es, por lo demás, perfectible. Definir un régimen de transición que permita alcanzar de mejor manera una integración técnica, plural e independiente, parece recomendable. Reflexionar sobre la conveniencia de mantener la facultad del Instituto para presentar querellas es también legítimo, aunque conviene subrayar que privarlo de esa atribución no es, como se ha planteado, sinónimo de anular su agencia. Reducir su tamaño y recursos no implica necesariamente ahogarlo, siempre que la nueva estructura preserve una capacidad efectiva de promoción y protección de los derechos humanos.

Pero existe una segunda razón para que los críticos del proyecto reconozcan su orientación positiva: de ello depende la viabilidad del propio organismo. ¿Por qué? Si la continuidad del Instituto está hoy en tela de juicio, es producto de las burdas maniobras que buscaron instrumentalizarlo por años. Recordarlo parece necesario porque el daño que esas acciones han significado para la defensa transversal de los derechos humanos en Chile es profundo. Promover por décadas una narrativa que define a los derechos humanos como aquello “que solo el adversario político (de derecha) puede lesionar” no ha hecho sino debilitar su defensa. Recuperar su legitimidad transversal (para poder siquiera empezar a mostrar la gravedad de las voces que hoy los relativizan en Chile y el mundo), es tarea de todos pero, especialmente, de aquellos que en el pasado trivializaron la comprensión sustantiva de la dignidad personal.

En resumen, el proyecto recoge parte de las recomendaciones de la comisión transversal de 2025, aunque se aparta de otras. Reconocer esa base compartida no impide discutir sus diferencias ni perfeccionar su contenido. Ese reconocimiento es indispensable para avanzar en un debate público que haga creíble hablar de derechos humanos en Chile sin incurrir en los vicios del pasado. Descalificar globalmente el proyecto como una maniobra puramente ideológica no responde a sus contenidos ni reconoce sus antecedentes transversales. La discusión responsable exige distinguir entre sus avances y los aspectos que necesitan corrección. La descalificación no hace sino fortalecer (una vez más) a aquellos que derechamente no creen ni en los derechos humanos ni en su defensa institucional.

Por Fernanda García, abogada, Faro UDD

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