La presión sobre las AFP no da tregua. A poco más de una semana de conocerse el desplome del fondo E, las siete administradoras enfrentan una investigación del regulador, acciones en tribunales, una ofensiva transversal en el Congreso y un golpe a su imagen que reabre viejos cuestionamientos.

El origen está en los contratos de derivados ligados a las tasas de interés de Estados Unidos, conocidos como swaps. Según reveló Bloomberg el 13 de octubre, esas posiciones pasaron en un año de ganancias por US$1.400 millones a pérdidas de valoración por US$7.700 millones a septiembre.

El impacto se concentró en el multifondo más conservador, pensado para quienes están cerca de jubilar, que acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre. El fondo D, en tanto, anota un retroceso de 6,38%.

El martes, la Superintendencia de Pensiones inició un procedimiento sancionatorio contra cada una de las siete AFP. Según su comunicado, el objetivo es investigar si "habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia" que fija el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

Esa disposición obliga a las gestoras a "cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran". A ello se suma la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, de julio de 2025, que incorporó un capítulo sobre deberes fiduciarios.

El encargado del caso es el fiscal del organismo, Mario Valderrama. La primera etapa es la formulación de cargos; luego vienen los descargos de cada administradora y, al final, el superintendente Joaquín Cortez resuelve sobre la sanción propuesta.

Aunque estos procesos suelen cerrarse en seis meses, Valderrama estimó en El Mercurio que este se acercaría a los nueve por su complejidad. Entre los atenuantes, destacó la colaboración y, sobre todo, que una AFP decida por iniciativa propia compensar a sus cotizantes.

15.000 UF es el monto máximo de las multas que contempla la ley para las AFP

El DFL N° 101 considera además censuras e incluso la revocación de la autorización de existencia, medida reservada para infracciones graves o reiteradas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó al regulador y recordó que, si se acreditan responsabilidades, los directores pueden responder con su patrimonio. El titular del Trabajo, Tomás Rau, por su parte, ofició a la Superintendencia para recibir los antecedentes con la máxima celeridad.

A lo anterior se sumó la tarde de este miércoles un oficio ingresado a Contraloría por el senador Rojo Edwards (IND-RN), el cual buscará "establecer si las autoridades cumplieron la ley y fiscalizaron los riesgos de los fondos D y E", indicó.

En tribunales, los afiliados ya dieron los primeros pasos. Al menos cuatro recursos de protección se han presentado contra Capital, UNO, Habitat y Modelo.

Uno de ellos, el de un cotizante de Capital cuyos ahorros bajaron de $94,5 millones en abril a $86,4 millones en octubre, ya fue declarado inadmisible por la Corte de Santiago, que estimó que esa acción no era la vía idónea.

Los expertos anticipan un camino cuesta arriba. "No basta con argumentar que hubo un error", sostuvo a El Mercurio el constitucionalista Patricio Zapata, para quien el principal obstáculo es probar que las administradoras actuaron de manera ilegal o arbitraria.

La ofensiva también llegó al Ministerio Público. El diputado José Montalva, de la bancada Independientes-PPD, presentó una denuncia por el eventual delito de administración desleal, que el Código Penal sanciona en su artículo 470 N° 11.

"Podría constituirse el delito de administración desleal".

"El perder dinero nunca ha sido un delito, sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal", explicó el parlamentario.

En una publicación del PPD, el legislador agregó que "la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en instituciones que manejan el dinero de los trabajadores".

Una acción similar ingresaron ante la Fiscalía Nacional el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS. El escrito pide examinar, además, la eventual responsabilidad penal de las AFP como personas jurídicas.

"Si hubo delito, que respondan con su patrimonio", afirmó Manouchehri. Fuera del Congreso, la Coordinadora No+AFPllamó a reunir cartolas para preparar una demanda civil contra las administradoras y otra, subsidiaria, contra el Fisco por falta de servicio.

La crisis también movilizó a parlamentarios de todos los sectores. La presidenta del Senado,Paulina Núñez (RN), informó en X que el oficialismo y la oposición le pidieron una sesión especial, la que se realizará el próximo martes 27 de octubre.

"La situación de los fondos E de las AFP es grave y merece explicaciones claras", escribió la senadora, quien agregó que, "si se comprueban responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes".

En la Cámara, su presidente, Jorge Alessandri(UDI), anunció que la Sala dedicará una jornada a analizar las causas de la caída y a escuchar a las AFP y al regulador. En paralelo, la Comisión de Economía acordó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esa instancia buscará aclarar, además, si las pérdidas podrían repercutir en los cálculos de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

A ello se suma la recolección de firmas que encabezan los diputados Jaime Araya (IND-PPD) y Héctor Ulloa (IND-PPD) para crear una comisión especial investigadora. La idea suma apoyos en la derecha, como el del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

En el plano legislativo, el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello, ambos del PC, presentaron el proyecto "Devuelvan la plata". La iniciativa obligaría a las AFP a compensar, en un plazo máximo de un año y con reajuste por IPC, a quienes perdieron en el fondo E entre enero y septiembre.

El Frente Amplio, en tanto, propuso adelantar un mecanismo de la reforma previsional, previsto para abril de 2027, para que las administradoras respondan con recursos propios ante resultados negativos. También busca calcular las comisiones sobre el saldo y no sobre el salario.

El senador Juan Luis Castro (PS) anunció que la entidad elabora un catastro de los afectados por las caídas de los fondos D y E para presentar una demanda colectiva contra los responsables.

El cuarto frente es menos tangible, pero quizás el más relevante. Las pérdidas reavivaron el malestar contra una industria que sorteó las marchas de No+AFP de 2016, la Convención Constitucional y una reforma que prometía su fin, pero que finalmente la mantuvo.